Zelaya

El Parlamento de Honduras tenía previsto debatir ayer la propuesta del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, para superar la crisis que vive el país. Ese texto, conocido como la declaración de San José, consiste en la vuelta al poder, aunque condicionada, de Manuel Zelaya, la amnistía política a los implicados en el golpe de Estado y el adelanto de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

Las propuestas fueron formuladas por el presidente costarricense en su calidad de mediador entre Zelaya y el Gobierno presidido por Roberto Micheletti para encontrar una solución a la crisis política que vive Honduras desde hace hoy un mes .

Además del debate en el Congreso, dominado por los seguidores de Micheletti, sobre si acepta la propuesta de Arias de otorgar amnistía política a los involucrados en la crisis, también el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Saúl Escobar, indicó que ese organismo analizará esta semana la propuesta de Arias de adelantar las elecciones generales.

La declaración de San José, apoyada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, incluye además la creación de una comisión de la verdad y verificación internacional.

Insulza acudirá mañana a la cumbre de presidentes de Centroamérica, México y Colombia que se realiza en Costa Rica. Zelaya también está invitado, aunque no confirmó su asistencia ni el anunciado viaje a Washington para llevar a cabo hoy nuevas consultas en el Departamento de Estado. El portavoz estadounidense Ian Kelly se limitó a afirmar que «si el presidente Zelaya viene a Washington, nos reuniremos encantados con él».

Si Zelaya acude a la cumbre de Tuxtla y abandona la frontera nicaragüense, donde permanece desde el viernes, será una nueva oportunidad de dialogar sobre las salidas al conflicto, aunque el depuesto presidente diese por fracasadas las conversaciones.

Zelaya rechazó la propuesta de Arias porque aunque defiende su restitución también admite algunas de las exigencias de los golpistas, como la renuncia a convocar una consulta para efectuar una reforma constitucional.

En cambio, Micheletti, designado por el Parlamento para sustituirlo, no quiere la restitución de Zelaya, y derivó el acuerdo para su estudio a otras instituciones del Estado.

El Ejército aseguró que respalda el proceso de negociación que se lleva a cabo en Costa Rica, pero que no participa en él.

Un mes del golpe de Estado

Hoy se cumple un mes del golpe de Estado en Honduras y la crisis parece haber entrado en un callejón sin salida. Desde la frontera de Nicaragua, Zelaya denunció que el régimen que lo derrocó pretende «enviar mercenarios» para asesinarlo. Y, una vez más, pidió a Estados Unidos sancionar y enfrentar con fuerza al Gobierno de facto, que «se burla de los presidentes de América».

En un artículo en The Wall Street Journal , Micheletti niega que Zelaya fuese apartado del poder por los militares y por ser un reformista, y recuerda que la destitución tuvo lugar después de que el Tribunal Supremo decidiera que la consulta popular que pretendía llevar a cabo era inconstitucional. Además, apela a la Carta Magna hondureña, que establece que «cualquier presidente que busque reformar la Constitución para ampliar su mandato queda automáticamente incapacitado en su cargo».